¿Por qué es la emergencia económica que enfrenta el gobierno Petro?

El pasado 22 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica, vigente desde el primer día del año, tras la negativa del Congreso —dominado por la oposición— a aprobar la ley de financiamiento presentada por el Ejecutivo. La iniciativa buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos a partir de una mayor contribución de los megarricos y las grandes industrias del capital, recursos clave para cumplir las obligaciones presupuestales de 2026 sin consecuencias negativas para la economía de los sectores más vulnerables del país.

Llegar a una emergencia económica no fue un acto improvisado ni una arbitrariedad del Gobierno. Fue el resultado previsible de una estrategia política de asfixia institucional. Durante dos años consecutivos, la oposición aprobó presupuestos desfinanciados y bloqueó de manera consciente las herramientas para garantizar los ingresos del Estado. Aprobaron el gasto, pero negaron los recursos. Saben que esa fórmula conduce al ahogo fiscal, a la parálisis administrativa y al deterioro de la capacidad estatal para cumplir con sus funciones básicas.

El origen del problema fiscal no está en un supuesto desbordamiento del gasto social, como insisten los voceros del establecimiento, sino en un sabotaje deliberado. No solo se impide crear nuevas fuentes de financiamiento, sino que también se desmontan ingresos ya existentes mediante decisiones que benefician a los grandes capitales, en especial al sector extractivo. A ello se suma una pesada herencia: la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, acumulada por gobiernos anteriores y asumida en tiempo récord por esta administración, drenando recursos de una caja ya debilitada.

Mientras tanto, el gasto inflexible del Estado —salud, educación, pensiones, subsidios, sentencias judiciales— continúa creciendo por mandato constitucional. Recortar allí no es una alternativa responsable: es una condena social. Significa cerrar hospitales, suspender tratamientos, dejar sin auxilios a millones de familias y profundizar la desigualdad estructural del país. Ese es el escenario que la oposición está dispuesta a provocar con tal de hacer fracasar al gobierno del Pacto Histórico y demostrar que un proyecto popular no puede gobernar.

Punto aparte merece el papel de los medios de comunicación en la estrategia de desgaste del Gobierno y del presidente en particular. No informan con rigor; sin miramientos ni ambages, editorializan en favor del poder económico y se convierten en soporte de la estrategia para erosionar la imagen del Presidente y del Pacto Histórico en el manejo de las finanzas públicas.

La emergencia económica es, entonces, una respuesta excepcional a una agresión excepcional. No busca concentrar poder, sino evitar el colapso del Estado social. Los decretos no castigan la canasta básica ni el consumo popular; protegen los subsidios, garantizan servicios esenciales y evitan que el ajuste recaiga sobre los de siempre.

Ahora, la revisión constitucional de la emergencia económica estará a cargo de los magistrados de la más alta Corte. Veremos si su comportamiento ante el país es distinto al de otros togados que han dado la espalda al pueblo, como ocurre con la intentona —aún en curso— de desmontar la reforma pensional, engavetada durante meses en el despacho de un magistrado que gana más de 30 millones de pesos mensuales, mientras 2,5 millones de adultos mayores esperan 230 mil pesos para apenas medio vivir.